La lluvia, de nuevo presente en Peñaranda y comarca, ha obligado esta mañana a trasladar los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer y desarrollarlos en el teatro del CDS en lugar de en el templete de la plaza de España como estaba previsto. La alcaldesa, Carmen Ávila, y la concejala de Cultura, Sonsoles Núñez, han abierto el acto que ha contado con la presencia de alumnos del IES Germán Sánchez Ruipérez, usuarios de Acopedis y trabajadores municipales, y ambas han leído la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias. También han intervenido una usuaria de Acopedis poniendo el punto de mira en cómo se viven todas estas reivindicaciones por parte de las mujeres con discapacidad y por último, dos alumnas del «Germán» también han leído textos alusivos a esta jornada.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEMP 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2026
Con motivo de la conmemoración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, declarado por Naciones Unidas en 1977, la Federación Española de Municipios y Provincias renueva su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Han pasado 45 años desde la constitución de esta federación, un período en el que la FEMP ha ido dando forma y consolidando su compromiso con la igualdad, instando a los gobiernos locales a incorporarla de manera progresiva en sus políticas públicas. Las resoluciones aprobadas en sus plenos en estos años han buscado contribuir a que el principio de igualdad se integre en la planificación municipal, impulsando su consideración transversal en todas las áreas de actuación, promoviendo la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas y favoreciendo que el lenguaje y las imágenes reflejen una sociedad más respetuosa, inclusiva y equitativa.
En este recorrido resulta imprescindible destacar el trabajo orientado a reforzar la implicación de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells en la prevención y la atención frente a la violencia contra las mujeres, así como el impulso de iniciativas destinadas a apoyar a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad como las mujeres del medio rural, mujeres con discapacidad o mujeres mayores. Todo ello reafirmando siempre la voluntad común de avanzar hacia municipios más justos y libres de discriminación. Es necesario reforzar las políticas con enfoque interseccional que atiendan las múltiples discriminaciones que pueden concurrir en las mujeres por razón de origen, edad, discapacidad, situación socioeconómica, orientación sexual o residencia en el medio rural, garantizando que ninguna mujer quede atrás en el ejercicio de sus derechos. En estas décadas se ha avanzado de manera significativa, pero aún persisten brechas relevantes, especialmente en el ámbito laboral. Las mujeres siguen afrontando importantes diferencias salariales en comparación con los hombres. Según la Encuesta de Estructura Salarial de 2022, en la década 2012-2022 la brecha salarial se ha reducido en 6,83 puntos, sin duda, una desigualdad que sigue siendo inasumible, pero que pone de manifiesto la importancia de las políticas públicas, como la elevación del Salario Mínimo Interprofesional o la subida de las pensiones, para seguir avanzando en su reducción. Se trata de un desequilibrio influido, entre otros factores, por las dificultades de conciliación, el peso de los cuidados -que continúa recayendo en mayor medida sobre las mujeres siendo un trabajo no remunerado que limita su acceso a empleos de calidad y a posiciones de responsabilidad–, y por la distribución desigual de hombres y mujeres por sectores de actividad.
Las desigualdades que persisten no responden únicamente a circunstancias individuales, sino que obedecen a estructuras sociales, económicas y culturales que reproducen roles y estereotipos de género. Resulta necesario, por tanto, reforzar las políticas públicas que incidan en la redistribución de oportunidades, recursos y tiempos, para avanzar hacia un modelo social que reconozca el valor económico y social de los cuidados y garantice su corresponsabilidad efectiva. Asimismo, la feminización de la pobreza sigue siendo una realidad: en torno a 6,6 millones de mujeres en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social. Pese a que, según el Observatorio de la Pobreza, Desigualdad y Exclusión social, la tasa de pobreza había descendido dos puntos en el año 2024 respecto a 2018, y a que en la última década tanto mujeres como hombres han reducido su tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que la tasa femenina ha caído en 3,8 puntos entre 2014 y 2024, la masculina lo ha hecho en cinco puntos. Estos datos ponen de manifiesto que necesitamos seguir impulsando políticas de cuidados, de conciliación, de lucha contra la pobreza infantil o de empleo digno para que impacten directa y positivamente en las condiciones de vida de las mujeres.
Este año, en el Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas invita a unirse al lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, y llama a reforzar en todo el mundo la eliminación de las barreras estructurales que dificultan la igualdad ante la justicia como leyes discriminatorias, protecciones jurídicas deficientes o determinadas prácticas y normas sociales que aún persisten. Cuando se actúa en condiciones de igualdad, los derechos se protegen y se defienden; la educación en igualdad se consolida; las mujeres eligen libremente participar y liderar en la sociedad, también en los ámbitos políticos y económicos; y el refuerzo de la protección y la prevención contribuye de manera decisiva a combatir la violencia contra las mujeres. Contamos, además, con experiencias de políticas locales que se configuran desde este enfoque y confirman que, cuando se invierte en programas sociales y de igualdad bien diseñados y evaluados mejora la situación de las mujeres y facilita su acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional. Son muchos los ayuntamientos que fueron abanderados con la puesta en marcha de áreas de igualdad y de lucha contra la violencia machista, observatorios de igualdad, políticas públicas avanzadas, consejos municipales de la mujer, dando espacio de participación al movimiento feminista y contribuyendo de forma decidida a los avances en igualdad de género. Sin embargo, hoy enfrentamos nuevos retos.
La desinformación que minimiza evidencias como las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres, la negación misma de la violencia machista y las desigualdades que aún persisten, suponen no solo un grave peligro para seguir avanzando hacia la igualdad plena, sino un intento de revertir los avances conseguidos. Pese a que el Índice de Igualdad de Género de 2024 del Instituto Europeo de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Igualdad de Género (EIGE) ha confirmado que España se mantiene como el cuarto país más avanzado en igualdad de género dentro de la Unión Europea, sólo por detrás de Suecia, Dinamarca y Países Bajos, hemos de mostrar también nuestra preocupación por los casos de acoso sexual en la esfera pública, que nos obligan a hacer un esfuerzo en la aprobación de protocolos que garanticen espacios seguros para las mujeres. Por todo ello, en este día 8 de marzo de 2026, la FEMP acuerda:
• Reafirmar su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres basada en la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, pilares de una sociedad libre y democrática, y la lucha contra los movimientos antigénero, que ponen en riesgo los avances en materia de igualdad.
• Reiterar la condena de cualquier forma de violencia contra las mujeres, (física, psicológica, sexual, digital, vicaria, etc.) y de las situaciones de explotación vinculadas a la prostitución y a la trata de seres humanos, así como el apoyo a las víctimas, impulsando acciones de prevención, sensibilización, atención y coordinación desde el ámbito local.
• Promover, en colaboración con los agentes sociales y en el marco de las competencias locales, iniciativas que favorezcan el empleo digno, la reducción de la temporalidad y la parcialidad involuntaria, y la eliminación de la brecha salarial, especialmente en aquellos sectores altamente feminizados. • Invitar a integrar, de manera transversal e interseccional el principio de igualdad y no discriminación en las políticas públicas locales, reforzando la eficacia, la transparencia y la responsabilidad de las actuaciones públicas.
• Reivindicar la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente, estable y finalista para el desarrollo de políticas de igualdad, prevención de la violencia y atención integral a las víctimas, asegurando que dichas actuaciones no queden supeditadas a coyunturas económicas ni a desigualdades territoriales. • Comprometerse a impulsar y recomendar a los ayuntamientos la aprobación de protocolos frente al acoso sexual, así como el fomento de espacios seguros para las mujeres.
• Denunciar el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista, que daña de forma sustancial la percepción de la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad plena, y reafirmar el rechazo frontal a la violencia estructural que padecen las mujeres. La igualdad efectiva entre mujeres y hombres exige no solo la eliminación de la discriminación formal, sino también la garantía de condiciones materiales que permitan el ejercicio real de los derechos. Ello requiere políticas públicas activas, orientadas a reducir desigualdades y a fortalecer la cohesión social en nuestros municipios y provincias.
