Representantes de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León y de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales han reclamado este miércoles la creación de un parque de bomberos profesional en Peñaranda de Bracamonte para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante emergencias en la comarca. Los portavoces han denunciado que la provincia de Salamanca cuenta con una cobertura insuficiente y que los tiempos de llegada desde el parque más cercano, ubicado en Villares de la Reina, pueden alcanzar los 40 o 45 minutos. La charla, que ha tenido lugar en el teatro Calderón de la localidad peñarandina, y era abierta a toda la población ha contado como ponentes con: Israel Naveso, bombero de la Comunidad de Madrid, presidente de la CUBP y secretario general del Sindicato de Bomberos de Madrid; Francisco Magro, bombero de la Comunidad de Madrid, vocal de la CUBP; José Ignacio García Rubio, bombero de Diputación de León y responsable CUBP Castilla y León – PBPCyL y David Calvo, bombero Diputación de Salamanca y portavoz de la Plataforma de Bomberos de Salamanca.
«Peñaranda debería tener un parque de bomberos, entendemos, profesional, como puede tener Béjar, como puede tener Villares de la Reina o Ciudad Rodrigo, y es necesario. Además, aquí estamos cerca de Ávila y podría ser limítrofe y podría colaborar en las dos zonas, en las dos provincias. Entonces, entendemos que es necesario y hemos venido por las dudas, que muchas veces la gente no sabe lo que dice la ley y venimos a explicar cómo tiene que ser un servicio real aquí, que se dé a la ciudadanía de calidad, porque el ciudadano, al final, lo que quiere es que cuando se le queme una vivienda o tiene un accidente con un vehículo, le llegue rápido y se haga un buen trabajo profesional, y es como tiene que ser», ha señalado José Ignacio García, vocal de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales Castilla y León.
Los bomberos han criticado, además, la utilización de personal voluntario para suplir funciones que, según afirman, corresponden legalmente a profesionales dependientes de la Diputación de Salamanca. Además, señalaron que los actuales parques provinciales sufren falta de personal y precariedad laboral, lo que dificulta la consolidación de un servicio de emergencias adecuado para una de las provincias más extensas de España.
«Los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León no son ciudadanos de segunda, sino son de primera, que tienen los mismos derechos porque pagan los mismos impuestos que se pagan en Madrid, en el País Vasco, en Cataluña o en cualquier territorio del Estado y que lo que se les está ofreciendo es un servicio de baja calidad. Las emergencias, además, no entienden de fronteras, no entienden de injerencia política y que nosotros, como profesionales de las emergencias, de este oficio que es bomberos, no vamos a permitir que haya un intrusismo profesional ni que se sustituya, incumpliendo la ley, a los profesionales por voluntariado que carecen de formación, que carecen de los EPIs adecuados y que, además, está suponiendo que las administraciones no inviertan lo necesario en ofrecer un servicio adecuado al ciudadano. No cabe en la cabeza de nadie que un cirujano con su carrera, con sus estudios, no sea la persona que opere a una operación a corazón abierto o que alguien que no sea guardia civil ponga una multa en la carretera porque la legalidad lo impide. ¿Por qué normalizamos que personas que no son profesionales, que no son bomberos, puedan hacer de bomberos?», ha defendido Israel Naveso.
Durante el acto, los representantes han insistido en que la seguridad ciudadana debe considerarse una inversión y no un gasto, defendiendo la necesidad de ampliar la red de parques de bomberos en Castilla y León. También han advertido de que recurrirán a los tribunales si se firman convenios que, a su juicio, permitan prestar el servicio mediante fórmulas contrarias a la legislación vigente.
«Y una advertencia, y esto va para todos los responsables políticos, sabemos que desde Diputación se les ha ofrecido firmar un convenio para ofrecer el servicio de bomberos, que tienen que aceptar cosas que son absolutamente ilegales, y es una advertencia para todos los municipios, para todos los alcaldes y alcaldesas, de que como esos convenios se firmen, tanto a través de la Coordinadora de Bomberos como la Asociación de Bomberos de Castilla y León, vamos a denunciarlos, y los responsables son ellos, que son los que firman. No vamos a permitir que se firme absolutamente ningún convenio, ningún acuerdo que sea ilegal y que cumpla las leyes vigentes«, han hecho hincapié.
«A nivel profesional hemos dicho que hasta aquí hemos llegado, nos estamos batiendo el cobre en toda España, en todo el territorio del Estado, denunciando todo este tipo de cuestiones, todas las usurpaciones de funciones que está habiendo y todas las duplicidades de servicio que se están dando que son ilegales. Lo hacemos en Madrid, lo hacemos en Andalucía, por supuesto, la labor que está haciendo la Plataforma de Bomberos de Castilla y León a lo largo de todos estos años, pero vamos muy en serio. Si ellos no son valientes, porque a veces lo que les hace falta es valentía de enfrentarse a las diputaciones, si no son valientes y dicen que no y se les ocurre firmar un convenio que sea ilegal, lo vamos a denunciar», han añadido.
«Los cuerpos de bomberos no son un gasto, es una inversión y ahí está el problema. Cuando el político o responsable político de turno está pensando en cuánto se está gastando, no está invirtiendo, está invirtiendo en la seguridad de los ciudadanos, en la seguridad de las ciudadanas, en la seguridad de los profesionales y cumplir la ley, que es ofrecer un servicio adecuado de emergencias, de extinción y salvamento de incendios», han insistido.
Los profesionales han subrayado, también, que la ubicación de los parques de bomberos debe responder a criterios técnicos y de cobertura territorial, y no a decisiones políticas, recordando que una reducción en los tiempos de respuesta puede resultar determinante para salvar vidas y minimizar daños materiales en incendios y accidentes.
«Aquí es muy importante también para nosotros el lanzar el mensaje al ciudadano y a las ciudadanas de que aquí en las emergencias no caben en gerencia política. No puede ser que políticos que no son técnicos de la materia pongan un mapa y decidan poner los parques de bomberos donde a ellos más les interesa dependiendo de dónde tengan sus alcaldías. Tenemos ejemplos de otras comunidades autónomas en los que los tiempos de respuesta son 10 minutos. Entendemos que para una comarca tan extensa como es esta es difícil, pero, evidentemente, cualquiera que sea profesional de esto sabe que un minuto en la emergencia cuesta vidas», han reiterado los representantes del colectivo.
