El Grupo Municipal Popular de Peñaranda denuncia hoy, lunes, la gravedad de los hechos conocidos la pasada semana en la Comisión de Régimen Interior, donde se confirmó que varios artículos del Convenio de Trabajo del Personal Funcionario aprobado en septiembre de 2025 «son ilegales y deben ser anulados«, según el PP.
«El convenio fue aprobado con los votos favorables del equipo de Gobierno, que lo presentó como “un éxito” y “un acuerdo ejemplar” y el voto del concejal de Peñaranda en Común, quien aseguró literalmente que estaba firmemente convencido de que era un acuerdo buenísimo. Hoy se demuestra que no solo no lo era, sino que incluía disposiciones contrarias a la legislación vigente» afirma la portavoz popular, Eva López.
“Si cuela, cuela”: la forma de gobernar que ha quedado al descubierto
«Durante la comisión, representantes del propio equipo de Gobierno llegaron a reconocer que en la negociación “se pide lo máximo y si cuela, cuela”. Una afirmación que evidencia una forma de actuar basada en intentar introducir medidas ilegales esperando que pasen el filtro. Este hecho refleja una manera de gobernar incompatible con la responsabilidad institucional: improvisación, falta de rigor y desprecio por la legalidad», afirman desde el PP.
Responsabilidades políticas ineludibles
El Grupo Municipal Popular recuerda que la responsabilidad final de cualquier acuerdo no es de los sindicatos, sino del equipo de Gobierno y de la alcaldesa. Por ello, se plantean preguntas que siguen sin respuesta:
- ¿Sabía la alcaldesa que se estaban aprobando artículos ilegales?
- Si lo sabía, ¿por qué lo permitió?
- Si no lo sabía, ¿cómo pudo presentar el convenio como ejemplar?
- ¿Dónde estaban los controles jurídicos?
NO ES UN ERROR: ES UNA FORMA DE GESTIONAR
El PP insiste en que «lo ocurrido no puede calificarse como un fallo puntual. Se trata de una forma de actuar reiterada: aprobar primero, vender titulares después y dejar que otras administraciones o los tribunales corrijan los errores. De hecho, el Acuerdo Marco de funcionarios ha sido impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia por incluir disposiciones contrarias a la ley, obligando al Estado a intervenir».
Menos derechos que la ley
Los populares reiteran que «lejos de mejorar las condiciones laborales, algunas de las medidas aprobadas empeoraban derechos ya reconocidos. Como ejemplo, el convenio fijaba permisos de maternidad y paternidad inferiores a los establecidos por la legislación estatal. Además, incluía incentivos a la jubilación ya anulados judicialmente, retribuciones fuera de norma y materias que un ayuntamiento no puede regular».
Improvisación, propaganda y falta de rigor
El Grupo Municipal denuncia, por tanto, que el equipo de Gobierno «ha actuado sin rigor, vendiendo acuerdos como históricos cuando eran jurídicamente insostenibles».
