La Alianza UPA-COAG reclama a la Junta de Castilla y León que no se penalice a los productores sujetos a contrato agroambiental a sembrar remolacha esta campaña 2026/2027 ante los bajos precios que han ofrecido las industrias y que hacen inviable la producción de la misma.
«El contrato agroambiental plurianual de remolacha, conocido en nuestra región como el de Cultivos Agroindustriales Sostenibles, obliga por ley a los productores que así se acogen a él a la siembra de remolacha durante 5 años, pero una campaña más, las circunstancias excepcionales con precios mundiales bajos del azúcar, convierten su siembra esta campaña en ruinosa para los remolacheros», explican desde la Alianza.
Por este motivo, tal y como se hizo el año pasado, después de pedirlo la Alianza UPA-COAG, la Junta de Castilla y León debe consentir para esta campaña que “la ausencia de siembra de cultivo de remolacha azucarera no sea motivo de resolución del contrato pertinente”. De este modo, los remolacheros no se verían obligados a cumplir los compromisos que se recogen en dicho contrato, y por lo tanto que la no siembra en las campañas pendientes del contrato no acarree incumplimiento alguno para el agricultor.
«Nuestra organización además recuerda que la Ley no permite que los agricultores perciban un precio por parte del comprador por debajo del coste de producción, y la oferta que las azucareras han planteado a los cultivadores lo estaría incumpliendo. Una campaña más, entendemos que debido a los bajos precios del azúcar mundial, vinculados directamente a lo que percibirá el remolachero de nuestra región, no puede obligarse al cultivador una campaña como ésta, ruinosa económicamente hablando, a cumplir el contrato con la Junta de Castilla y León para cobrar la agroambiental», añaden.
En este sentido, la Alianza UPA-COAG hace un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que demuestra sensibilidad y que debido a estos precios que pueden dar al traste de las economías de las explotaciones familiares, y no obligue a los remolacheros a cumplir con el requisito de siembra del contrato agroambiental. Y lo pedimos con carácter de urgencia para que se busque una solución en unas fechas en las que en breve hay que decidir, o no, la siembra de este cultivo en nuestra región.
«Bajo nuestro punto de vista la Junta de Castilla y León debe ser especialmente sensible con los remolacheros y sin embargo aplicar mano dura contra empresas como Azucarera, que percibiendo subvenciones públicas de la Administración regional después han dejado desamparados a los agricultores. Sería incomprensible que a los productores se nos pida compromiso de permanencia, y sin variar (salvo excepciones) los requisitos a cumplir, pero no se le reclame lo mismo a la Industria, como bien conocemos en Castilla y León con Azucarera, que históricamente ha aprovechado la tesitura de precios no solo para bajárselos a los agricultores sino además para cesar las molturaciones en algunos centros de la región», concluyen.
