Los tres grupos políticos que forman la Corporación Local de Babilafuente (PP, PSOE y BIEN) han votado por unanimidad a favor de que el Ayuntamiento inicie los trámites para un contencioso administrativo con el que intentar frenar la anunciada instalación de una planta de biometano en la localidad. PSOE y BIEN han considerado oportuno seguir en esta línea dado que el coste «no es tan excesivo para el Ayuntamiento», según han afirmado en la sesión plenaria y da oportunidad de «seguir actuando dentro de lo que marca la ley y que sea el Tribunal Superior de Justicia el que lo diga». El plazo para presentar dicho contencioso expira el 21 de junio y, tal y como ha avanzado la alcaldesa, Carmen Gómez, el primer paso será un estudio del caso por parte del bufete que ha recibido el encargo del Ayuntamiento y que costará unos 1.000 euros. «El abogado nos ha explicado que hay que estudiar todo detalladamente y ver si hay posibilidad de ganar el contencioso administrativo porque en caso contrario, el Ayuntamiento no va a tirar el dinero», ha asegurado la regidora. Dar ese paso, después del mencionado estudio, valdría unos 6.000 euros más el coste del procurador, según se ha hablado en las intervenciones del pleno.
Representantes de la asociación ASVEBA, presentes un día más en la sesión, han pedido a los responsables municipales «ir de la mano» con el Ayuntamiento en este proceso judicial como parte interesada en el mismo. Los momentos más intensos se han producido a la salida del pleno, precisamente entre los representantes de ASVEBA y responsables del proyecto de la futura planta de biometano que también han acudido al pleno y que han repartido un comunicado a los miembros de la Corporación Local y al resto de público. Las posiciones están claramente enfrentadas aunque ambas partes se han emplazado a una reunión para aclarar los asuntos más controvertidos del proyecto de cara a la población.
COMUNICADO REPARTIDO AL FINALIZAR EL PLENO POR LOS PROMOTORES DEL PROYECTO DE LA PLANTA DE BIOMETANO
