Vecinos de los pueblos de España afectados por macrogranjas y plantas de biogás, entre ellos Babilafuente, han participado hoy sábado en una manifestación que ha dado comienzo a las 12:00 horas, en Madrid, y que ha partido desde la Glorieta de Cibeles para llegar hasta la Plaza de las Cortes con el objetivo de exigir una nueva legislación que regule la correcta implantación de macrogranjas y plantas de biogás.
«Exigimos un cambio legislativo que ponga fin a la desprotección que sufrimos ante estos proyectos industriales de macroplantas de biogás- biometano y macrogranjas , que con frecuencia se imponen sin transparencia, sin diálogo, y sin evaluar de manera adecuada los riesgos para nuestra salud y el medio ambiente. Sabemos que es necesario avanzar hacia formas más sostenibles de generar energía y gestionar residuos, pero no a costa de la destrucción de nuestros pueblos. Pedimos responsabilidad, y una legislación que sea justa, que garantice un equilibrio real entre desarrollo y protección del entorno», explican los afectados.
Por todo ello, los participantes en la protesta han solicitado al Parlamento que impulse una legislación que contemple:
1. Una normativa nacional clara, unificada y de obligado cumplimiento, que regule con rigor la instalación de macroplantas y macrogranjas, y que no deje en manos de intereses privados la salud y el bienestar de nuestras comunidades.
2. Que se prioricen estudios técnicos, ambientales y sociales exhaustivos antes de aprobar cualquier proyecto, garantizando que no se instalen en áreas cercanas a viviendas, escuelas o zonas vulnerables, y que se tomen en cuenta todos los impactos a corto y largo plazo.
3. Que la participación de los vecinos y las comunidades afectadas sea real y vinculante, con información accesible, tiempo suficiente y capacidad de decisión sobre los proyectos que les afectan directamente.
4. Que los proyectos estén dimensionados de acuerdo con las necesidades y capacidades reales del entorno local, evitando sobredimensionar instalaciones únicamente para garantizar el beneficio económico de los promotores.
5. Un sistema de control independiente y transparente, que supervise el cumplimiento de las normativas y que se responsabilice de las consecuencias de estos proyectos, sin dejar espacios para la especulación ni el abuso.
«Los pueblos también queremos que se escuchen nuestras voces. No estamos aquí para frenar el progreso, sino para solicitar formalmente formalmente al Parlamento que revise y modifique la legislación actual sobre macroplantas y macrogranjas, para que sea justa, responsable y alineada con los principios de protección de la salud pública, el medio ambiente y el bienestar de nuestras comunidades. Hoy estamos aquí, unidos, para exigir que se nos proteja y que se legisle pensando en el futuro de todos, no sólo en los intereses de unos pocos», aseguran.
