La plataforma Stop macro-plantas Stop macro-granjas de Castilla y León ha protagonizado hoy, martes, una nueva concentración ante las Cortes de Castilla y León. «El objetivo de esta movilización es claro: exigimos ser escuchados» y para ello han mantenido una reunión con los portavoces de aquellos grupos de los que han tenido respuesta: Podemos, Soria YA, UPL y PSOE, con el fin de hacerles partícipes de la preocupación que la proliferación de macrogranjas y de plantas de biogás proyectadas en la región, entre ellas la de Babilafuente, genera en la ciudadanía de las poblaciones afectadas. «Hemos instado a los procuradores de la comunidad a que nos informen con total transparencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer el impacto medioambiental, social y que para la salud pueden tener este tipo de instalaciones, así como también reivindicamos como legítimo poder participar en las decisiones que van a afectar directamente a la vida en nuestros municipios.
¡Basta de macro-plantas y macro-granjas contaminantes en nuestros pueblos!», han manifestado los responsables de la citada plataforma.
DEMANDAS PRINCIPALES DE LA PLATAFORMA
A) Moratoria de 6 años para la instalación de nuevas macro-granjas y macro-plantas de biogás, biometano, lodos e hidrogeno.
Esta moratoria debe extenderse a todo el territorio de Castilla y León. Durante este período se deben realizar estudios rigurosos sobre los impactos reales de estas instalaciones en el medio ambiente, la salud pública y la economía local. Establecer una moratoria según el principio de precaución ambiental, esto es evitar la consumación de daños que pueda provenir de los riesgos inciertos. El principio de precaución ambiental debe aplicarse en base a criterios técnicos como: proporcionalidad, no discriminación, transparencia, coherencia, urgencia. Exigiéndose, entonces, un proceso de toma de decisiones estructuradas que cuente con suficiente y razonable información científica pormenorizada y datos objetivos para su correcta aplicación.
B)Participación de los pueblos afectados en la elaboración de la legislación y normativas que regulen estas instalaciones.
Exigen que se garantice su representación en mesas de diálogo y grupos de trabajo constituidos al efecto. Los afectados o representantes designados por estos, deberán ser escuchados en la redacción de las futuras normativas, asegurándose de ese modo que reflejen sus preocupaciones y protejan sus derechos.
Implementación y cumplimiento efectivo de las normativas existentes: Actualmente las inspecciones y controles son insuficientes o inexistentes, los periodos deben quedar definidos en las autorizaciones ambientales integradas (AAI). Se deben establecer mecanismos efectivos para garantizar que las normativas ambientales y sanitarias se cumplen de manera estricta.
C) Prohibición de nuevas instalaciones en zonas vulnerables.
Se deben proteger áreas con acuíferos, reservas naturales, suelos agrícolas fértiles y núcleos de población. No se pueden autorizar macro-industrias donde los riesgos ambientales y sociales sean elevados. Garantías sobre la ubicación de las nuevas macro-plantas macro-granjas, en cuanto a las distancias a núcleos de población existentes, y servicios sensibles como hospitales, clínicas, o yacimientos arqueológicos. Se debe evitar el sobredimensionamiento y concentración de estas plantas, que no promueven una economía circular sino la búsqueda de la máxima rentabilidad económica de las empresas promotoras.
D)Fomento de modelos agroganaderos sostenibles y respetuosos con el territorio.
Promover y apoyar una ganadería extensiva que genere empleo local estable y quesea compatible con la sostenibilidad ambiental.
Incentivar modelos económicos que respeten el equilibrio ecológico y la calidad de vida de los habitantes rurales
«No podemos permitir que Castilla y León se convierta en el vertedero industrial de Europa. No queremos ver nuestras tierras contaminadas, nuestras aguas envenenadas ni nuestras familias obligadas a abandonar sus hogares. Finalmente, queremos dejar claro que no estamos en contra de estas industrias, y que defendemos la necesidad de energías limpias que mitiguen los efectos indeseados que sobre el clima están teniendo otras fuentes como son el carbón o el petróleo, pero no estamos de acuerdo en cómo se está haciendo: sin planificación alguna, sin consultar ni tener en cuenta la opinión de la menguada población de nuestros pueblos, sin considerar el impacto que van a tener en el medio ambiente, o en el turismo, una de las escasas fuentes de ingresos de las zonas rurales», concluyen.
